El martes se conoció una resolución que decretó el estado de quiebra del diario centenario El Popular, que atravesó durante los últimos años un proceso de vaciamiento y despidos de sus trabajadores con juicios laborales que superarían los 100 millones de pesos.
La misma fue dictaminada por la titular del Juzgado Civil y Comercial N°2, María Hilda Galdos, que hizo lugar a un pedido de un acreedor laboral el pasado 8 de mayo.
Según la resolución de 14 artículos, se solicitaba el nombramiento de una Síndico que lleve adelante el proceso, algo que se confirmó días después con la designación de la contadora Gabriela Weisburd. Cabe señalar que la profesional cuenta con una vasta trayectoria en la materia, e incluso fue síndico de causas como la de la Cooperativa Agraria y el predio “La Colmena”.
Además, se decretó la inhibición general de bienes de El Popular, dando cuenta de que esta medida “no caducará” con el transcurso del tiempo. Un detalle a tener en cuenta es que su nuevo titular, Lucas Torres, denunció un vaciamiento “de mucho tiempo” de los anteriores titulares y a quienes le compró el medio, las familias Botta, Casado y Pagano.
En medio de esta situación de quiebra, el multimedios dejó de funcionar en su histórico edificio de Vicente López 2626 y fue trasladado a oficinas de otro edificio céntrico, lo que será un tema a tener en cuenta por la situación de los bienes de la empresa que ahora se encuentran inhibidos.
Si bien se conocen oficialmente una docena de juicios laborales luego de la falta de pago por parte del nuevo titular del medio y con fuertes denuncias de “destrato” por la labor periodística que no era remunerada, se conoció que la cifra de estos juicios superarían los 100 millones de pesos.
El pedido de quiebra incluyó la solicitud de la continuidad de la operación de la empresa, para garantizar que no se pierda la fuente laboral. También se sugirió, tal como está previsto en la Ley de Quiebras, que se avance en una administración de tipo cooperativa, con la integración de aquellos trabajadores que fueron despedidos y no cobraron indemnización, los que aún se desempeñan en el multimedios, más una representación de carácter sindical. Este punto deberá ser analizado por la persona designada para la sindicatura.
Se calcula que en la actualidad se tramitan cerca de 30 juicios laborales entre periodistas, técnicos y administrativos de la empresa, lo que representa una suma cercana a los 150 millones de pesos.
La jueza en su resolución, también decretó la inhibición general de bienes, dejando constancia expresa que esa medida no caducará en el tiempo. 
Otro de los puntos que deberá resolver la administración designada es el destino del archivo documental de El Popular, que recoge lo publicado en 124 años de vida de la ciudad y la región. En la actualidad, sin ningún tipo de esmero por la preservación, permanece tirado en un local comercial.

Con información de Central de Noticias y Verte TV