Anoche se llevó a cabo la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante de General La Madrid, tras la apertura del período ordinario que inauguró el intendente Martín Randazzo. Se aprobaron todos los temas del Orden del Día y además se dio ingreso al proyecto de la Rendición de Cuentas, del Municipio, del año 2017.
Primero se elevó formalmente el cálculo final de gastos e inversiones -que ascendieron a más de 400 millones de pesos- que hizo el gobierno durante el año anterior. Ahora los ediles tendrán hasta el último día hábil de mayo para estudiar las cuentas.
Luego se trató y derogó una Ordenanza del año 2012. Con esto se subsana un error administrativo ya que el Municipio había cedido un terreno para la instalación de la playa de camiones y el depósito judicial (en la ex planta de GLP) y juntamente se había destinado parte de esas tierras para la construcción de viviendas.
Más tarde se discutió una Resolución presentada por el oficialismo en la que se reiteró el posicionamiento de La Madrid respecto a la escisión de Huanguelén de Coronel Suárez. En ese sentido los ediles coincidieron en señalar que están a favor de la determinación de los vecinos pero que se oponen al cercenamiento de tierras para la creación del nuevo distrito porque, justificaron, le haría perder más de 6 millones de pesos al erario municipal.
A continuación se trató un pedido de informes del PJ-FPV-UC que tenía como fundamento una carta que el grupo de “Autoconvocadas Lamadritenses VIVAS NOS QUEREMOS” presentó ante las autoridades legislativas tras hechos ocurridos luego de las actividades por el día de la mujer el 8 de marzo.
En aquel momento una empleada del Municipio -que integra el Colectivo- denunció intimidaciones y persecuciones contra su persona, y acusó a un funcionario.
El pedido de informes presentado por la oposición versaba sobre esta cuestión y aunque finalmente no se leyó la carta que se adjuntaba al proyecto por decisión de la mayoría y aduciendo que se estaba denunciando una situación de la que no había certezas de veracidad, el oficialismo propuso al bloque justicialista que la lea o haga referencia a la misma, cuestión que no sucedió. Finalmente se aprobó el pedido de informes y se anunció que tanto la trabajadora como el secretario deberán comparecer ante el HCD.
Más tarde se trató otro pedido de informes respecto a la problemática ambiental en La Madrid. El bloque minoritario sostuvo que lo que sucedió en la instalación de plantas de silos es un llamado de atención a las autoridades, y en ese sentido se sostuvo que “por sobre todo “hay que cuidar la salud y la integridad” de la comunidad.
Fuera del Orden del Día se trató una Moción de Orden en la que el PJ presentó una carta sobre la intervención del Partido a nivel nacional.
En ese sentido Julio Castellanos remarcó que la determinación de la jueza María Serbini de Cubría es “un enorme retroceso a la democracia Argentina”, sostuvo que esto había sucedido sólo en épocas de dictadura y acusó al gobierno de ser el responsable de la situación. Por su parte Marcela Figueroa coincidió que la determinación “es antidemocrática” pero rechazó las imputaciones del líder del PJ lamatritense y recordó que durante la presidencia de Néstor Kirchner se dio una situación similar con el PJ y la misma magistrada.
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