El Frente Todos por La Madrid realizo hoy una presentación ante la Ayudantía Fiscal local por presuntas irregularidades en la contratación, ejecución y pago de dos obras que se llevaron a cabo en el año 2013 y se hicieron por administración municipal.
Se trata de los trabajos de zanjeo y colocación de cañerías en las denominadas “Etapa II de cloacas en el barrio La Tapadita” y “Extensión de red de agua corriente en el barrio Chino Sur”.
La denuncia de los concejales opositores, que solicitaron ser particulares damnificados, es de carácter penal y cuentan con el asesoramiento jurídico del abogado bahiense Héctor Jorge Bertoncello. Será la UFI Nº 4, de la ciudad de Olavarría, la que tenga la responsabilidad de sustanciar la investigación correspondiente.
“No acusamos a nadie en particular. Lo que pedimos es que la Justicia investigue si hubo delito y luego determine las responsabilidades”, detallaron los ediles a hacer pública la denuncia.
Consideraron que “hay elementos suficientes para creer que hubo irregularidades y un posible delito de acción pública”, completaron, a la vez que descartaron que la denuncia tenga que ver con “un hecho electoral. “Es lo que seguro dirá el oficialismo pero este trabajo demandó casi ocho meses de recolectar información y certificarla”, indicaron.
La presentación se llevó a cabo ante el Ayudante Fiscal local, Guillermo Casenave, y sostuvieron que “es poco probable que pueda ser cajoneada porque hemos presentado muchos elementos para que se investigue. Si eso sucede será responsabilidad de los agentes judiciales”.
Recodaron que durante la Rendición de Cuentas 2014 se hizo una observación en el mismo sentido -que fue rechazada por el Tribunal de Cuentas- y que luego se llevó a cabo la interpelación al intendente Juan Carlos Pellitta. Estos dos elementos, además de otros documentos, fueron entregados a Casenave para que sea adjuntado al expediente.
Por ello es que también se solicitó la participación de peritos contables e ingenieros para que se realicen las investigaciones necesarias “y se llegue a la verdad”.
Los ediles aseguraron que en el análisis de los documentos que presentó como certificación el Municipio para realizar las obras hubo “hechos inauditos” que ahora deberá analizar la Justicia.
Entre las acusaciones figuran pagos en negro y pagos desdoblados, esta última una cuestión que va en contra de las regulaciones del Banco Nación y la UIF. También mencionaron la apertura de licitaciones como así también la contratación de empresas de manera presuntamente irregular.
“Esperaremos a ver qué dice la justicia pero creemos que estamos en lo cierto y que hay cuestiones que merecen ser investigadas”, insistieron los concejales.
Por su parte Bertoncello, de amplia experiencia en materia penal, sostuvo que los elementos de prueba son contundentes y que los letrados, inclusive, deberán indagar si no es un delito de carácter federal debido a que el dinero con que se llevaron a cabo las obras fueron otorgados por el estado nacional.
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