La Gobernadora vetó un artículo del Presupuesto 2017 que le concedía a la oposición la posibilidad de dictaminar qué obras podían realizarse con el Fondo de Infraestructura Municipal. 
La Comisión Bicameral creada por la Ley de Presupuesto aprobada en el Parlamento estará integrada por los presidentes de las cuatro principales bloques de Diputados y Senadores, por lo que tendrá mayoría opositora.
Se trata del inciso 1° del Artículo 45 de la ley de Presupuesto 2017, que facultaba a la Comisión Bicameral de seguimiento del Fondo de Infraestructura a opinar sobre las prioridades de obras previstas para las comunas, e incluso la habilitaba a “recomendar” la realización de determinados trabajos. Cabe recordar que ese fondo será de 8.500 millones de pesos.
La Comisión Bicameral creada por la Ley de Presupuesto aprobada en el Parlamento estará integrada por los presidentes de las cuatro principales bloques de Diputados y Senadores, por lo que tendrá mayoría opositora.
En ese marco, el artículo aprobado por la Legislatura autorizaba a este cuerpo a “asesorar y dictaminar previamente respecto a las prioridades previstas en los respectivos planes de obras, practicando las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente”.  Asimismo, permitía requerir la presencia de funcionarios provinciales para brindar explicaciones, la única función que permanecerá en pie tras el veto de la Gobernadora.
La decisión de Vidal fue oficializada a través del decreto 2.102, publicado en la última edición del Boletín Oficial de 2016, el 30 de diciembre pasado, según consignó Diario Extra.
En la fundamentación del veto, Vidal consideró que “le corresponde a las áreas técnicas” del Ministerio de Infraestructura “todo lo inherente a las obras públicas de vivienda, hidráulicas, viales, de transporte, sobre la costa y proyectos para apertura y conservación de las vías navegables y, finalmente, su mantenimiento”, atribuciones que de acuerdo a la interpretación oficial habían sido atribuidas a la bicameral. El Ejecutivo señaló además que “la objeción planteada no altera la aplicabilidad, ni va en detrimento de la unidad de la Ley”.

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