El concejal de Esteban Echeverría por La Libertad Avanza, Marcelo Mazzeo, presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata para que se prohíba de manera urgente el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

La presentación se da luego de conocerse los motivos del suicidio del soldado de la Quinta de Olivos, quien se quitó la vida por presuntas extorsiones realizadas por delincuentes que cumplen su condena en La Plata.

La demanda apunta contra la Provincia —a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos— y contra el Servicio Penitenciario Bonaerense, y sostiene que la continuidad del régimen que permite a los internos utilizar celulares constituye una “omisión estatal” que afecta el derecho colectivo a la seguridad pública.

El eje del planteo

En el escrito judicial, Mazzeo argumenta que la habilitación del uso de celulares en las unidades penitenciarias fue dispuesta en 2020, en el marco del aislamiento por la pandemia de COVID-19, como una medida excepcional para suplir la suspensión de visitas presenciales.

Según sostiene, esa situación extraordinaria ya fue superada, pero el esquema se mantuvo sin una revisión integral ni una adecuación tecnológica que garantice controles eficaces. En ese sentido, remarca que lo que nació como una solución transitoria “se convirtió en regla permanente”.

El concejal aclara que no cuestiona el fallo judicial que en su momento autorizó el uso de dispositivos móviles, sino la decisión administrativa actual de sostenerlo sin modificaciones en un contexto distinto.

Argumentos sobre seguridad

Uno de los puntos centrales del amparo es la presunta vinculación entre el uso de celulares intramuros y la organización de delitos desde las cárceles hacia el exterior. En la presentación se mencionan investigaciones judiciales en las que se detectaron maniobras de extorsión, estafas digitales y otros ilícitos coordinados desde unidades penitenciarias bonaerenses.

Mazzeo sostiene que el Estado provincial, como administrador del sistema carcelario, tiene una “posición de garante” y debe prevenir que las cárceles se transformen en plataformas de proyección delictiva.

Además, cita estadísticas difundidas en los últimos años que indican un alto nivel de acceso a dispositivos móviles dentro del sistema penitenciario, lo que —según su interpretación— incrementa el riesgo estructural.

Qué pide la cautelar

Como medida cautelar innovativa, el edil solicita que se ordene la prohibición inmediata del uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias bonaerenses.

En paralelo, propone que se implemente un sistema de telefonía fija institucional controlada, con identificación del interno que realiza la llamada, registro de números autorizados, advertencia al receptor sobre el origen penitenciario de la comunicación y grabación de las conversaciones —con excepción de aquellas mantenidas con la defensa técnica—.

Según el planteo, este esquema permitiría compatibilizar el derecho de los internos a mantener vínculos familiares con la necesidad de reforzar los controles de seguridad.

Debate abierto

La iniciativa se inscribe en un debate más amplio sobre el régimen de comunicaciones en las cárceles bonaerenses y el equilibrio entre derechos de las personas privadas de libertad y políticas de seguridad pública.

Ahora será la Justicia la que deba analizar la admisibilidad del amparo y definir si hace lugar o no a la medida cautelar solicitada por el concejal libertario.

Fuente: La Tecla